Dos siglos de contaminación

Hacia finales de 2015 se cumplirán 204 años de la primera medida que dejó al descubierto la preocupación oficial por la incipiente contaminación del Riachuelo, cuando a instancias de Juan José Paso, el Primer Triunvirato reclamó a los mataderos y saladeros que dejaran de arrojar sus desperdicios a la cuenca del Río Matanza.

En rigor de verdad, no existe una fecha precisa que determine cuando empezó a contaminarse el Riachuelo, pero por los registros oficiales se sabe que en el año 1801 existían cerca 30 saladeros en el Río de la Plata, la mayoría de ellos instalados en las márgenes del Riachuelo.

Lo que hoy se conoce como la cuenca inferior del Riachuelo, que incluye las riberas de La Boca, Barracas y Avellaneda, "era el extramuro de la ciudad blanca y europeizada que se extendía en torno a la Plaza de Mayo", explicó a Télam Antolín Magallanes , un conocedor de la historia social y económica de la cuenca y actual Director de Relaciones Institucionales de la Acumar.

"Lo que sucedió con el Riachuelo es lo de una zona que se empezó a invisibilizar, lo de una zona que nunca gozó de buena prensa. La zona no estaba lejos del centro pero para llegar a la zona del Riachuelo había que atravesar humedales y bañados, no era un lugar fácil de acceder. Además de ser un territorio extraño y difícil de llegar, era una zona portuaria, con las características que tiene un área de puerto: mucha gente fugitiva, muchos negros libertos, extranjeros y criollos pobres", explicó Magallanes.



"Los inmigrantes pobres se afinca en barrios como La Boca porque son la mano de obra del frigorífico o la industria. La zona del Riachuelo se puebla con seres que sufren el desprecio de la sociedad. Al leer el libro El Matadero de Esteban Echeverria podemos ver la idea que tiene una persona del centro de la ciudad que, extraviada, llega a un lugar con tipos que están todos manchados de sangre y negros comiendo vísceras".

Pero los intentos por detener el deterioro de la cuenca llegan inclusive al gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas, quien en 1830 prohibió por decreto arrojar al Riachuelo los desperdicios de la faena que llevaban adelante saladeros y mataderos, según un artículo la historiadora Norma Rosa Torello. Este sería el primero de una innumerable serie de intentos gubernamentales que no lograrían impedir que la contaminación llevara al Riachuelo a su muerte.

A mediados del siglo XIX las autoridades sanitarias ya habían verificado que en las aguas del Riachuelo no existía vida orgánica, lo que daba un indicio del altísimo grado de contaminación que ya tenía por esa época.

 
Con el estallido de la primera epidemia de fiebre amarilla, en 1852, las autoridades apuntaron al Riachuelo como un factor de diseminación de la enfermedad desconociendo que el verdadero agente de transmisión era el mosquito Aedes, aunque las condiciones de salubridad mucho tenían que ver con su propagación.

Recién con la última y más cruenta epidemia registrada en 1871, la Cámara de Diputados Bonaerense aprobó su limpieza y canalización, aunque la iniciativa nunca se llevó adelante.

"Para el centenario de la Revolución de Mayo, los mataderos y saladeros se habían transformado en frigoríficos, ya existían las curtiembres, y se abrían paso las petroquímicas", apunta en su artículo Torello, que además hace referencia a que en los años siguientes la contaminación fue en ascenso a raíz del crecimiento de la población asentada en forma precaria en sus orillas, sin servicios cloacales y si recolección domiciliaria de residuos.

Pero la mayor estafa producida en torno a la limpieza del Riachuelo se llevo a cabo en 1993, cuando el entonces presidente Carlos Menem, prometió que en mil días el Río Matanza se transformaría en un lugar apto para pasear en barco, bañarse y pescar. 

El Plan Menem, coordinado por la entonces Secretaria de Medio Ambiente María Julia Alzogaray, recibió en 1997 un crédito de 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del cual poco y nada se utilizó para la limpieza, ya que 40 millones se gastaron en estudios de consultoría o en remover barcos hundidos, y 150 millones se derivaron a Planes Sociales durante la crisis del 2002.

En 2004 la problemática de la cuenca fue llevada a instancias judiciales por un grupo de vecinos que presentaron una demanda en reclamo de la recomposición del ambiente y la creación de un fondo para financiar el saneamiento.


Esta situación dio origen a la denominada "Causa Mendoza" en la que se responsabilizó por daños y perjuicios al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 44 empresas, además de 14 municipios de la Provincia de Buenos Aires por los que se extiende la Cuenca Matanza-Riachuelo. 

El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico donde se determinó que la Nación, la provincia y la ciudad son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento y el plazo en que deben ser ejecutadas, dejando abierta la posibilidad de imponer multas para el caso de incumplimiento.