La intencionalidad

  Iron Mountain está involucrada en dos causas judiciales paralelas: la que busca establecer los causales del incendio en el depósito de Barracas y la que investiga un presunto lavado de dinero de la empresa.
En mayo de 2014, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó una denuncia contra Iron Mountain por presunto lavado de dinero; causa que quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12. Es que la autoridad tributaria detectó maniobras financieras sospechosas de la compañía por 17,8 millones de dólares entre 2007 y 2014. La investigación que acompaña el expediente judicial identificó en el funcionamiento de Iron Mountain Argentina SA una serie de comportamientos e inconsistencias que caracterizan delitos de lavado de dinero; pero la investigación que venía realizando el organismo se aceleró tras el accidente ocurrido en uno de los depósitos de la empresa. La denuncia de AFIP está enmarcada en la ley 25.246 que en su artículo 21 considera como operaciones sospechosas de lavado de dinero “aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada”. Las oficinas de la empresa fueron allanadas unos días después. Iron Mountain negó "categóricamente" el lavado de dinero y dijo que se trata de una empresa "confiable" y que "realiza negocios de manera ética y cumpliendo con las leyes de cada país en los que está presente". Actualmente, la causa sigue su curso.
En tanto, la causa judicial para establecer los causales del incendio quedó en manos de la fiscal Marcela Sánchez, interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37.

  El incendio y posterior derrumbe del depósito comenzó seis minutos antes de las ocho de la mañana y, tras que los empleados del lugar dieran aviso, bomberos voluntarios y de la PFA, personal de Prefectura Naval Argentina y de la Guardia de Auxilio y Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires concurrieron al depósito de calle Azara 1245. Ocho bomberos y dos rescatistas murieron como consecuencia del derrumbe de una pared de casi 10 metros de alto, que se desplomó sobre ellos causando el fallecimiento inmediato de nueve de ellos y heridas graves a otros; uno de los cuales murió tras 12 días de agonía.

    Durante los meses subsiguientes al incendio, y en el marco de la causa, declararon empleados del depósito y bomberos que participaron en la extinción del fuego: los primeros, presentes al momento del inicio del siniestro y responsables de reportarlo, afirmaron que los aspersores de agua no se habían activado.

  Los escombros del depósito siniestrado de Iron Mountain -cuya remoción se realizó por tramos, con la participación de más de 20 peritos en las labores de desarme de los restos dejados por el fuego- fueron examinados por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); y la División Siniestros de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina.
 

Informe de la PFA sobre el incendio de Iron Mountain

  El informe que fue elevado a la Fiscalía por la PFA determinó que el incendio fue intencional, ya que se encontraron "dos transformaciones y almas de conductores eléctricos". Además, durante las tareas de remoción efectuadas en los depósitos 7 y 8 -donde comenzó el siniestro-, se secuestraron "restos de combustos de papel, cartón vidrio, mampostería y metales", y tras realizarse pruebas de laboratorio se demostró que, "de un total de 27 muestras, 15 de ellas dieron resultado positivo" en la presencia de "sustancias aplicadas en función acelerante de la combustión".

  Además, curiosamente, según el informe de la PFA, estos "no se corresponden con la instalación propia del lugar", ya que en los otros elementos eléctricos del depósito, "no se encontraron componentes similares".

    Luego de la inspección y el análisis de pruebas, la PFA concluyó que el incendio fue intencional, ya que "teniendo en cuenta las marcas de fuego y análisis de laboratorio se han establecido áreas donde se habrían aplicado sustancias combustibles en función acelerante del fuego".

  Además "la generación del evento es atribuible a dispositivos colocados con la finalidad de hacer entrar en combustión  las cajas de cartón y papeles depositados"; así como que "la aplicación de una sustancia combustible en función acelerante del fuego" explica cómo fue que se activó el detector de fuego del sector N°8 tan sólo ocho minutos después que fuese activado el del depósito N° 7, tal como consta en las pruebas que se desprenden del informe de la Federal.

 
El informe pericial -el primero de los tres requeridos por la fiscalía de Sánchez, además del que está confeccionando el INTI y la UTN.-concluye:

"Por lo expuesto, surge como única hipótesis de inicio del fenómeno una maniobra tendiente a provocarlo".