La postura de Mendoza
En la zona de Valle Grande y San Rafael, en donde se realizan las actividades recreativas en torno al río y al embalse, es común escuchar a los mendocinos sostener que “falta agua” porque la provincia atraviesa una “crisis hídrica” producto del cambio climático. En efecto, la Cámara de Diputados de Mendoza definió la estrategia enmarcada en el argumento de la imposibilidad de hacer correr agua hacia La Pampa por la escasez en suelo mendocino. Inclusive, plantean que las regalías hidroeléctricas del Complejo Los Nihuiles -que La Pampa percibe en un 50% tras un decreto de 1973- “están mal pagadas por la Nación” y que “a La Pampa no le corresponde nada porque la pendiente de producción es integramente mendocina”, según destacó en declaraciones recientes a la prensa local del fiscal de Estado subrogante Javier Fernández. Inclusive, el Partido Demócrata Mendocino, propone “provincializar el río” porque “sus aguas se agotan en un límite frontal en el territorio antes de llegar a la provincia de La Pampa”. El gobernador de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez por su parte, declaró que “no hay argumentos jurídicos ni lógicos” y que “la realidad es que no llega agua a La Pampa porque no hay agua”.
El clamor popular y la demanda de La Pampa por el río hizo que distintas voces se alzaran en la actualidad, pero existe una historia de negación de Mendoza a negociar con La Pampa, con el argumento de que la Nación, en 1941 –cuando La Pampa aún era territorio nacional, y un año antes de que se firmara el decreto que aprobaba la construcción de la represa Los Nihuiles-, se comprometió con esa provincia a afianzar el desarrollo del sur mendocino.
Pero pasado el tiempo, aún con la postura de la Corte Suprema de 1987 que declaró la interprovincialidad del río Atuel, Mendoza continúa sin ánimo de negociar y realiza una particular interpretación de este relevante fallo que pivotea sobre tres puntos: que el río es interprovincial, que exhorta a las partes a realizar acuerdos, y además rechaza la acción posesoria promovida por La Pampa de que se regule la utilización del río en forma compartida siempre que Mendoza mantenga sus usos actuales –al año de dictado el fallo-. Desde la provincia cuyana argumentan entonces que sólo después de que Mendoza riegue las 75.000 hectáreas establecidas por la Corte se realizarán acuerdos con La Pampa, lo que pareciera sugerir que en esa provincia concluyen en que esos tres puntos sobre los que falló la Corte tienen una escala de jerarquías, es decir: primero riegan, después hacen acuerdos, y por último aceptan la interprovincialidad. Sucede que, curiosamente, la cantidad de hectáreas de riego no han superado las 52.000, pero el Convenio Marco firmado en 2008 por los gobernadores Jaque y Jorge, establecía incluso un mejoramiento de las obras de riego en la provincia de Mendoza, por lo que se podría realizar un mejor aprovechamiento del agua, regar más terreno y permitir la escorrentía permanente en el cauce pampeano.
Pero desde varios sectores mendocinos se criticó dicho convenio firmado en 2008 –que finalmente, y luego de seis años a la espera de su tratamiento, la Legislatura provincial de Mendoza no aprobó-, por ejemplo la Federación Agraria de General Alvear, cuyo titular es Carlos Achetoni (cercano a Eduardo Buzzi), quien calificó de “error” con el que “hay que terminar” a dicho convenio. Pero al momento del anuncio de la nueva demanda en la Corte Suprema, a fines de 2013, el gobernador mendocino Francisco Perez, reclamó continuar con las negociaciones impulsadas por Nación y con la presencia del entonces jefe de Gabinete Abal Medina, en pos de respetar la firma del Convenio, que por otro lado la legislatura provincial nunca había tratado hasta ese entonces y lo haría recién, para rechazarlo, en mayo de este año, cuando se anunció que finalmente se promovió la demanda en la Corte.
