El organismo, que preside Alejandra Gils Carbó, anunció que cuenta con un equipo de fiscales especializados para tratar estos casos, muchos de los cuales permanecen archivados en los despachos judiciales.

El programa fue presentado hoy, aunque se está trabajando hace un mes bajo la coordinación de Romina Pzellinsky, quien dijo a Télam que en ese período se realizó "un relevamiento en la justicia criminal de instrucción sobre tratamiento de los casos de violencia".

Los primeros datos "dan cuenta de que se archivan muchas causas de violencia sin obtener medidas de prueba y, también, que se toma declaración a las víctimas en varias oportunidades, revictimizándolas", agregó la abogada.

En la presentación estuvieron, además de Gils Carbó, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Elena Highton de Nolasco, y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.

La Procuradora confirmó que "María Piqué, María Ochoa y Alejandro Filipini integran el equipo fiscal especializado en violencia de género para que el mecanismo de acceso a la justicia de las víctimas sea eficaz y eficiente", y adelantó que "se elaborará un protocolo de actuación fiscal" para estos delitos.

Gils Carbó y Highton de Nolasco firmaron un convenio de cooperación para coordinar acciones entre la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte y la Procuración.

De esta manera, a las personas que denuncian casos de violencia doméstica en la oficina del máximo tribunal, se les realizará un análisis de riesgo que agilizará las medidas judiciales.

Esa persona puede luego recibir asesoramiento y patrocinio legal de abogados especializados de la Defensoría General de la Nación que "ya recibió 7.000 casos derivados de la OVD", recordó Nolasco.

"Ahora, con este cuerpo de fiscales especializados de la Procuraduría, que va a acompañar la tarea del fiscal principal de la causa, vamos a optimizar el acceso a la Justicia de las víctimas", señaló la jueza.

Asimismo, la magistrada habló de "las falencias en el fuero penal" cuando se trata de casos de violencia doméstica, "donde en general se los archiva, por eso es tan importante este convenio entre la OVD y el Ministerio Público Fiscal, porque necesitamos fiscales especializados".

Además, pidió "que se investigue; hay que creerles a las víctimas y siempre hay signos para investigar".

Por su parte, Gils Carbó consideró que las cifras de violencia "son alarmantes, por eso necesitamos políticas pro activas y cambiar los patrones socioculturales discriminatorios que también afectan a los fiscales".

Pzellinsky destacó que el programa a su cargo "realiza un mapa de género dentro de la Procuraduría para tener un diagnóstico interno. También vamos a trabajar con el Indec y el Consejo Nacional de las Mujeres para aportar al Registro Único de violencia de género que se está elaborando".

Precisó también: "Vamos a realizar reuniones con fiscales de diversos fueros, para ver cómo están aplicando la ley de protección integral a las mujeres, y trabajamos en el portal web para que sea una herramienta para los agentes de Justicia".

Además confirmó: "Queremos incorporar un módulo de perspectiva de género y derechos de las mujeres en el examen de ingreso al Ministerio".

La Defensora General, por su parte, detalló el trabajo que se realiza en el organismo desde 2007 en cuestiones de género, y aseveró: "De nada sirve que las mujeres ocupemos altos cargos si no nos ocupamos de las mujeres más humildes, a quienes tenemos que garantizarles el acceso a sus derechos, que es lo que estamos haciendo con estas medidas".

Para Pzellinsky, "las mujeres deben recurrir a la Justicia, para recibir una asistencia integral que las ayude a recuperar su dignidad".