Más de tres millones de personas buscan saber su verdadera identidad biológica tras enterarse de que fueron apropiados, según lo afirma el presidente de la agrupación “¿Quiénes Somos?”, una ONG que intenta encontrar mediante la vía legal una salida a la problemática.
“Desde hace años la agrupación viene denunciando que cerca del 10 por ciento de la población no conoce su verdadera identidad de origen”, explicó a Télam Luis Verdina, el creador de “¿Quiénes Somos?” basándose en los relevamientos realizados por la ONG.
Verdina sufrió su propia historia de búsqueda de identidad y eso lo motivó a ser un activista de la causa. La agrupación en diez años ya recuperó el origen de 120 personas pero explican que desde la creación de la entidad “hay más de 27.000 mails con personas que buscan saber quiénes son”.
Sus fundadores resaltan que las leyes vigentes “facilitan la búsqueda de datos para los nacidos durante el período de la dictadura militar” pero sienten un “vacío legal e institucional para los que fueron criados por familias que no respetaron un marco legal de adopción”, es decir para personas apropiadas o víctimas del tráfico de personas.
“No hay una sola ventanilla o institución estatal que tome debida nota de nuestras causas e investigue entonces las personas se ven obligadas a iniciar las búsquedas solas, una tarea casi imposible de realizar”, enunció Verdina.
La búsqueda sin herramientas legales encierra complejidad. Así, es que quienes buscan datos de su familia biológica se ven obligados a medios alternativos, como las redes sociales o programas de televisión.
“Las personas desesperadas inician su propia búsqueda y es imposible sin infraestructura adecuada”, dijo en ese sentido el director de la organización. “Las redes sociales permiten una visibilización del tema pero a la vez implica una exposición de datos muy sensibles que pueden perjudicar al interesado o a terceros y que puede generar un daño desde lo psicológico hasta lo físico como ocurrió en algunos casos”, agregó.
La legislación no está lejos pero aún falta para que sea una realidad. En la Ciudad de Buenos Aires se sancionó en el año 2006 la ley 2.202, que permite el acceso a la información existente en los archivos de hospitales por parte de quien resulte interesado, pero nunca fue reglamentada una vez que el macrismo llegó al gobierno.
“En diciembre de 2007 asumió Mauricio Macri y nunca se reglamentó y dio cumplimiento. Hasta el día de la fecha decimos que la ley 2.202 está pero aún no se puede aplicar y eso es un escollo”, explicó la socia fundadora de la ONG, María Rosa Pallone.
Por otro lado, en 2011 otro proyecto similar que propone garantizar la búsqueda de datos recibió media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y ahora deberá ser tratado en el Senado.
Maricel Ecthecoin, diputada con mandato cumplido y autora del proyecto, explicó a Télam cómo surgió la iniciativa y dijo que “más allá de la dictadura, hubo adopciones ilegales, gente que no puede conocer realmente cuándo o cómo nació, si sus padres son sus verdaderos padres y que deben tener acceso a la verdadera identidad y para eso hace falta crear una base de datos”.
El proyecto no sólo supone la apertura de registros en libros de partos o entrada de hospitales sino la creación de un organismo que recopile todos los datos hasta el momento y que sancione a toda persona que contravenga lo que la ley prohíbe u omitiendo lo que ordena, impidiendo a otro el cumplimiento de sus preceptos.
La problemática de no poder acceder al origen repercute directamente en un derecho personalísimo como lo es el derecho a la identidad reconocido en la Constitución Nacional; en la Convención sobre los Derechos del Niño; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y según Etchecoin “es obligación del Estado garantizar las herramientas necesarias para que todos ser humano pueda conocer su identidad”.
En cuanto al ámbito nacional, en septiembre de este año la Unión Cívica Radical (UCR) presentó en el Senado el proyecto 3339/12 donde se solicita “el libre acceso a toda información relativa a la propia identidad biológica”.
La iniciativa toma el mismo concepto que la ley 2.202 y que el proyecto provincial; remarca que las personas que presuman que su identidad ha sido suprimida pueden acceder, libre y gratuitamente, a toda documentación en hospitales o clínicas, públicas o privadas de todo el país y en los Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
La idea, tanto de la agrupación como de los legisladores involucrados en los proyectos es que pueda sentarse un precedente al futuro ya que “la naturalización de las apropiaciones llevan a invisibilizar el problema cada vez más”, como lo resumió Verdina.
“Todas las constituciones le dan derecho a la verdadera identidad de origen, todos los tratados dicen que es un derecho”, argumentó una vez más Pallone y concluyó: “La idea es que nadie tenga que acudir a una ONG nunca más, que la persona que tiene dudas, vaya y pueda acceder a los datos. No queremos hacer política, solo recuperar nuestro derecho”.
“Desde hace años la agrupación viene denunciando que cerca del 10 por ciento de la población no conoce su verdadera identidad de origen”, explicó a Télam Luis Verdina, el creador de “¿Quiénes Somos?” basándose en los relevamientos realizados por la ONG.
Verdina sufrió su propia historia de búsqueda de identidad y eso lo motivó a ser un activista de la causa. La agrupación en diez años ya recuperó el origen de 120 personas pero explican que desde la creación de la entidad “hay más de 27.000 mails con personas que buscan saber quiénes son”.
"Cerca del 10 por ciento de la población no conoce su verdadera identidad de origen”
Luis Verdina
Sus fundadores resaltan que las leyes vigentes “facilitan la búsqueda de datos para los nacidos durante el período de la dictadura militar” pero sienten un “vacío legal e institucional para los que fueron criados por familias que no respetaron un marco legal de adopción”, es decir para personas apropiadas o víctimas del tráfico de personas.
“No hay una sola ventanilla o institución estatal que tome debida nota de nuestras causas e investigue entonces las personas se ven obligadas a iniciar las búsquedas solas, una tarea casi imposible de realizar”, enunció Verdina.
La búsqueda sin herramientas legales encierra complejidad. Así, es que quienes buscan datos de su familia biológica se ven obligados a medios alternativos, como las redes sociales o programas de televisión.
“Las personas desesperadas inician su propia búsqueda y es imposible sin infraestructura adecuada”, dijo en ese sentido el director de la organización. “Las redes sociales permiten una visibilización del tema pero a la vez implica una exposición de datos muy sensibles que pueden perjudicar al interesado o a terceros y que puede generar un daño desde lo psicológico hasta lo físico como ocurrió en algunos casos”, agregó.
La legislación no está lejos pero aún falta para que sea una realidad. En la Ciudad de Buenos Aires se sancionó en el año 2006 la ley 2.202, que permite el acceso a la información existente en los archivos de hospitales por parte de quien resulte interesado, pero nunca fue reglamentada una vez que el macrismo llegó al gobierno.
Los pasos que aún restan para alcanzar la legislación
“En diciembre de 2007 asumió Mauricio Macri y nunca se reglamentó y dio cumplimiento. Hasta el día de la fecha decimos que la ley 2.202 está pero aún no se puede aplicar y eso es un escollo”, explicó la socia fundadora de la ONG, María Rosa Pallone.
Por otro lado, en 2011 otro proyecto similar que propone garantizar la búsqueda de datos recibió media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y ahora deberá ser tratado en el Senado.
Maricel Ecthecoin, diputada con mandato cumplido y autora del proyecto, explicó a Télam cómo surgió la iniciativa y dijo que “más allá de la dictadura, hubo adopciones ilegales, gente que no puede conocer realmente cuándo o cómo nació, si sus padres son sus verdaderos padres y que deben tener acceso a la verdadera identidad y para eso hace falta crear una base de datos”.
El proyecto no sólo supone la apertura de registros en libros de partos o entrada de hospitales sino la creación de un organismo que recopile todos los datos hasta el momento y que sancione a toda persona que contravenga lo que la ley prohíbe u omitiendo lo que ordena, impidiendo a otro el cumplimiento de sus preceptos.
La problemática de no poder acceder al origen repercute directamente en un derecho personalísimo como lo es el derecho a la identidad reconocido en la Constitución Nacional; en la Convención sobre los Derechos del Niño; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y según Etchecoin “es obligación del Estado garantizar las herramientas necesarias para que todos ser humano pueda conocer su identidad”.
En cuanto al ámbito nacional, en septiembre de este año la Unión Cívica Radical (UCR) presentó en el Senado el proyecto 3339/12 donde se solicita “el libre acceso a toda información relativa a la propia identidad biológica”.
La iniciativa toma el mismo concepto que la ley 2.202 y que el proyecto provincial; remarca que las personas que presuman que su identidad ha sido suprimida pueden acceder, libre y gratuitamente, a toda documentación en hospitales o clínicas, públicas o privadas de todo el país y en los Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
La idea, tanto de la agrupación como de los legisladores involucrados en los proyectos es que pueda sentarse un precedente al futuro ya que “la naturalización de las apropiaciones llevan a invisibilizar el problema cada vez más”, como lo resumió Verdina.
Existe una ley promulgada en la Ciudad que garantiza la búsqueda de datos, pero no está reglamentada
“Todas las constituciones le dan derecho a la verdadera identidad de origen, todos los tratados dicen que es un derecho”, argumentó una vez más Pallone y concluyó: “La idea es que nadie tenga que acudir a una ONG nunca más, que la persona que tiene dudas, vaya y pueda acceder a los datos. No queremos hacer política, solo recuperar nuestro derecho”.
