La aparición de tecnologías siempre ha alterado la percepción de la humanidad respecto de sus medios naturales de supervivencia. Desde la rueda hasta el bluetooth, la construcción de dispositivos que suplieran el esfuerzo realizado en términos humanos por maquinarias o herramientas siempre ha sido bienvenido por las sociedades modernas.
Debemos aceptar también que estos procesos nunca se han desarrollado sin reticencias, antipatías y trabas por parte de aquellos sectores que fácilmente pueden ser denominados como conservadores, esos espacios que más allá de la circunstancia y el posicionamiento ideológico, siempre se han sentido más cómodos con lo establecido que con lo que viene.
El 26 de abril se celebra el "día de la propiedad intelectual?, momento que sin lugar a dudas nos permite hacer lugar a alguna reflexión sobre como las denominadas nuevas tecnologías o nuevos medios afectan el motivo de este día que hoy no pretendemos dejar pasar inadvertido.
Hoy la confluencia de tecnología con accesibilidad, abre la puerta a una serie de disyuntivas complejas de resolver en función de los contenidos culturales, sus consumidores, sus productores y los métodos de distribución. Algunos conceptos que hasta hace algunos años han sido estancos respecto de su propia interpretación entran en conflicto con la lógica de internet.
Las descargas directas y el streaming en sus diferentes formas han alterado el funcionamiento natural del mercado editorial, discográfico, fílmico, entre otros. Herramientas como iTunes o Netflix han logrado de alguna forma aportar la tan deseada monetización que se ha ido filtrando a través de los agujeros de las descargas ilegales de contenidos de autor.
Las leyes de propiedad intelectual, como cualquier marco legal, deben ser acordes a la realidad imperante en los mercados y la sociedad en la cuál están insertas. Hoy debemos sincerarnos en esta discusión y comenzar a plantear la necesidad de una reforma en este sentido, teniendo en cuenta la faltante de nuevas herramientas legales que deben acompañar este replanteo de la industria.
El rol de los intermediarios digitales toma un peso específico más que relevante al entrar en el centro de la discusión sobre las responsabilidades legales que tienen las empresas o servicios sobre lo que sus usuarios comparten. En nuestro país hay dos casos que se encuentran en la Justicia en este momento que traen este tema a la mesa, obviamente nos referimos al caso Taringa! y el caso Cuevana.
Este debate todavía no ha tomado un rol preponderante en la opinión pública en Argentina, pero algunos hechos internacionales, como la fallida ley SOPA o PIPA en los Estados Unidos han acercado algunas opiniones encontradas sobre la posible resolución de estos conflictos.
En este sentido, entonces, debemos reconocer que el marco legal no está a la altura de las circunstancias y la convergencia y aparición de plataformas en forma casi constante se convierte en un fenómeno cuyo ritmo vertiginoso no es alcanzado por las instituciones encargadas de regular su funcionamiento comercial, mucho menos las implicancias legales.
Un caso que me interesa destacar como ejemplo de esto. Cuando como parte de las políticas de restricción a las importaciones se publicaron las medidas para arancelarias que restringían el acceso de libros, aquellos poseedores de iPads, Kindles u otros medios de consumo de contenidos digitales podían pasar esta barrera fácilmente comprando las versiones digitales de los libros.
Por suerte esta política luego fue revertida, pero esta es una demostración de que los contenidos son accesibles de diferentes formas, y que sin lugar a dudas, con mayor o menor nivel de sofisticación, los consumidores terminan encontrando las formas de escabullirse (a veces legal y otras ilegalmente) para llegar a obtenerlos.
Las industrias de contenidos, sea el formato que sea, hoy están pasando por un proceso de crisis en varios aspectos, fundamentalmente en la visión comercial o de monetización de sus productos, con un gran énfasis respecto a las cambiantes lógicas de distribución y consumo.
Concluyendo, es innegable a esta altura que la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a nuestra vida cotidiana nos ubica viviendo una época de transición en términos socioculturales. Y como todo período donde lo nuevo toma forma para dejar lo viejo detrás, probablemente esto implique una reconfiguración de los actores del mercado de contenidos, una necesaria redefinición del marco legal al respecto, y una inevitable discusión pública sobre las implicancias de esto sobre los autores, productores y artistas cuyos contenidos son el eje del debate.
*Juan Ignacio Belbis es asesor del bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical. Consultor en nuevos medios y políticas públicas digitales. Candidato a Magíster en Gestión de Contenidos de la Universidad Austral. Director Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas Digitales y Transparencia de EPICO.
Debemos aceptar también que estos procesos nunca se han desarrollado sin reticencias, antipatías y trabas por parte de aquellos sectores que fácilmente pueden ser denominados como conservadores, esos espacios que más allá de la circunstancia y el posicionamiento ideológico, siempre se han sentido más cómodos con lo establecido que con lo que viene.
El 26 de abril se celebra el "día de la propiedad intelectual?, momento que sin lugar a dudas nos permite hacer lugar a alguna reflexión sobre como las denominadas nuevas tecnologías o nuevos medios afectan el motivo de este día que hoy no pretendemos dejar pasar inadvertido.
Hoy la confluencia de tecnología con accesibilidad, abre la puerta a una serie de disyuntivas complejas de resolver en función de los contenidos culturales, sus consumidores, sus productores y los métodos de distribución. Algunos conceptos que hasta hace algunos años han sido estancos respecto de su propia interpretación entran en conflicto con la lógica de internet.
Las descargas directas y el streaming en sus diferentes formas han alterado el funcionamiento natural del mercado editorial, discográfico, fílmico, entre otros. Herramientas como iTunes o Netflix han logrado de alguna forma aportar la tan deseada monetización que se ha ido filtrando a través de los agujeros de las descargas ilegales de contenidos de autor.
Las leyes de propiedad intelectual, como cualquier marco legal, deben ser acordes a la realidad imperante en los mercados y la sociedad en la cuál están insertas. Hoy debemos sincerarnos en esta discusión y comenzar a plantear la necesidad de una reforma en este sentido, teniendo en cuenta la faltante de nuevas herramientas legales que deben acompañar este replanteo de la industria.
El rol de los intermediarios digitales toma un peso específico más que relevante al entrar en el centro de la discusión sobre las responsabilidades legales que tienen las empresas o servicios sobre lo que sus usuarios comparten. En nuestro país hay dos casos que se encuentran en la Justicia en este momento que traen este tema a la mesa, obviamente nos referimos al caso Taringa! y el caso Cuevana.
Este debate todavía no ha tomado un rol preponderante en la opinión pública en Argentina, pero algunos hechos internacionales, como la fallida ley SOPA o PIPA en los Estados Unidos han acercado algunas opiniones encontradas sobre la posible resolución de estos conflictos.
En este sentido, entonces, debemos reconocer que el marco legal no está a la altura de las circunstancias y la convergencia y aparición de plataformas en forma casi constante se convierte en un fenómeno cuyo ritmo vertiginoso no es alcanzado por las instituciones encargadas de regular su funcionamiento comercial, mucho menos las implicancias legales.
Un caso que me interesa destacar como ejemplo de esto. Cuando como parte de las políticas de restricción a las importaciones se publicaron las medidas para arancelarias que restringían el acceso de libros, aquellos poseedores de iPads, Kindles u otros medios de consumo de contenidos digitales podían pasar esta barrera fácilmente comprando las versiones digitales de los libros.
Por suerte esta política luego fue revertida, pero esta es una demostración de que los contenidos son accesibles de diferentes formas, y que sin lugar a dudas, con mayor o menor nivel de sofisticación, los consumidores terminan encontrando las formas de escabullirse (a veces legal y otras ilegalmente) para llegar a obtenerlos.
Las industrias de contenidos, sea el formato que sea, hoy están pasando por un proceso de crisis en varios aspectos, fundamentalmente en la visión comercial o de monetización de sus productos, con un gran énfasis respecto a las cambiantes lógicas de distribución y consumo.
Concluyendo, es innegable a esta altura que la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a nuestra vida cotidiana nos ubica viviendo una época de transición en términos socioculturales. Y como todo período donde lo nuevo toma forma para dejar lo viejo detrás, probablemente esto implique una reconfiguración de los actores del mercado de contenidos, una necesaria redefinición del marco legal al respecto, y una inevitable discusión pública sobre las implicancias de esto sobre los autores, productores y artistas cuyos contenidos son el eje del debate.
*Juan Ignacio Belbis es asesor del bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical. Consultor en nuevos medios y políticas públicas digitales. Candidato a Magíster en Gestión de Contenidos de la Universidad Austral. Director Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas Digitales y Transparencia de EPICO.
