En pocas horas, los principales portales colombianos se sobrecargaron de opiniones y el debate se había desarrollado en el ámbito legislativo se trasladó al mundo virtual. El motivo de estas tensiones fue la aprobación de un paquete de leyes, para el fuero civil y penales, presentado en el Congreso con el que ese país adecuó parte de su normativa a lo que exige el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Varias de ellas incumben al mundo de la industria y los bienes culturales como, por ejemplo, los derechos de autor. Una de ella, por ejemplo, establece una extensión de 30 a 70 años sobre la propiedad de las obras si estas "fueron creadas por personas jurídicas?.
En el artículo 13 establece que no estarán permitidas las retransmisiones en Internet "de señales de televisión, sean terrestres, por cable o por satélite?. En el apartado siguiente la normativa propone sin especificar taxativamente penas de 4 a 8 años de prisión para quienes difundan sin permiso contenidos televisivos por la red.
Un punto que generó bastante controversia es el que se refiere a los contenidos educativos. Muchos de los reclamos que se expresaron en las redes sociales estaban asociados al temor de que los estudiantes que busquen o compartan información útil para el aprendizaje puedan ser procesados. Desde el gobierno colombiano rechazaron esta posibilidad y hasta el propio presidente Juan Manuel Santos aseguró que "no hay restricciones? para los usuarios si el material en circulación tiene como objetivo la educación.
"No hay ninguna interferencia de ninguna red social, ni ninguna intención, ni queda explícito que se va a controlar para nada el movimiento de las redes sociales?, enfatizó el mandatario.
Este paquete de leyes fue llamado rápidamente "Ley Lleras 2? o "Ley Lleras 2.0?. La razón de esta denominación se debe a que el ministro de Interior de Colombia se llama Germán Vargas Lleras y fue uno de los impulsores de un proyecto de ley para sancionar a los que violen con fines de lucro los derechos de autor en la red.
Entre otras cosas, el proyecto establecía sanciones en los fueros civiles y penales para los usuarios que subieran material sin permiso y el proveedor ISP sería considerado "partícipe necesario? si no brinda en un plazo de 72 hs la información que solicite la Justicia. Finalmente, la "Ley Lleras? de 2011 no prosperó pero aún existe la intención de reflotarla en algunos despachos legislativos del oficialismo colombiano.
En esta oportunidad, el propio Ministro del Interior se encargó de aclarar que las medidas aprobadas ayer fueron hechas en el marco del TLC y que no responden al proyecto presentado en 2011.
Sin embargo, estas aclaraciones fueron rechazadas por los partidos opositores a la administración de Santos. El senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo criticó el hecho de adecuar las leyes de su país a lo dispuesto por el TLC y fustigó: "Es un monopolio que van a ampliar de 50 a 70 años y esta es una cifra realmente escandalosa y es una norma que aumenta la presencia de la televisión gringa y que reemplazará a la producción nacional?.
Un clima similar de críticas y cruces de declaraciones se dio en las redes sociales. El tema tuvo tanta repercusión en Twitter, por ejemplo, que el mismo Ministerio del Interior (@Ministerio_Tic) y su titular Vargas Llera (@German_Vargas) se dedicaron a responder las preguntas de los internautas durante la noche del miércoles 11 y la mañana del jueves.
Ya en la tarde colombiana del 12, mediante el Hashtag (etiqueta virtual) #somosurna en Twitter, el Gobierno brindó más detalles sobre estas iniciativas. La contraofensiva de los críticos no se hizo esperar y con el HT #LeyLleras2 expusieron todo tipo de argumentos en contra de la nueva normativa.
Un párrafo aparte fue el ingresó a la escena del grupo de ciberactivistas Anonymous. Ni bien se supo que el Congreso había convalidado el grupo de leyes en cuestión, la autoproclamada "Legión? lanzó un ataque de denegación de servicio (DDoS) a varias páginas oficiales de Colombia. Entre las páginas afectadas estuvieron la de la Presidencia, la del Ministerio de Interior y las de ambas cámaras legislativas.
Un hecho similar ya había ocurrido el año pasado ante el ingreso de la "primera Ley Lleras?, lo que motivó una investigación a escala internacional y una redada en varios países entre los que estuvo incluida la Argentina.
La nueva normativa que modifica el tiempo de la titularidad de los derechos de autor y la circulación de bienes culturales en la red salió airosa del trámite parlamentario. Su entrada en vigencia está supeditada a los tiempos que establece el TLC y la convalidación del presidente Santos.