Las sociedades de control descriptas en tiempos analógicos por Michel Foucault (1926-1984) están reinventando sus mecanismos de disciplinamiento al calor de los microprocesadores y las redes sociales, que prenden inesperadamente en las calles de Europa desde la caída del Euro y la depresión a escala continental. Los gobiernos conservadores contraatacan.
Por tal motivo algunos mandatarios del viejo continente, como el inglés y el español, están debatiendo en sus parlamentos reformas que los habiliten a llevar a la cárcel a quienes convoquen a través de las nuevas plataformas comunicacionales a expresarse contra los poderes fácticos.
Esta semana se conocieron dos proyectos clave en la persecución de usuarios de Internet.
El miércoles, la agencia EFE adelantó que el presidente español Mariano Rajoy (Partido Popular) instruyó a su ministro del Interior para que reforme el Código Penal, con el objeto de calificar a las protestas convocadas por Internet como "actos criminales?, identificando a los usuarios de redes sociales como una suerte de "guerrilla urbana? organizada.
Según argumentó el responsable de esa cartera, Jorge Fernández Díaz, los actos vandálicos protagonizados por colectivos "antisistema? -como el heterogéneo grupo de "indignados?- deben ser considerados "terroristas callejeros?.
"Las acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que con tal fin se concierten por cualquier medio de comunicación?, son para el ministro del Interior el foco de la reforma procesal; así como la obstaculización de accesos y otras formas de resistencia pasiva.
Por su parte, el gobierno del británico David Cameron (Partido Conservador) estudia vigilar "en tiempo real? las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, los mensajes en las redes sociales y las visitas a páginas web. El ministerio de Seguridad Interior (Home Office) sería el encargado de perseguir a los enemigos internos.
De concretarse la iniciativa, el premier podrá monitorear sin requerimiento judicial cualquier conexión y usuario que los "oficiales de inteligencia? designados para tal fin consideren peligrosos.
Así las cosas, el blanco de la iniciativa son los jóvenes desocupados de ambos países que se manifiestan por los recortes presupuestarios que afectan a Europa desde que la crisis griega contagió al resto del continente.
Vale señalar que para las autoridades, las "armas? de estas "guerrillas urbanas? suelen ser los smartphones o dispositivos móviles inteligentes que, en lugar de balas, disparan mensajes por los canales de chat de Blackberry o WhatsApp, y redes sociales como Twitter, Facebook, y otras.
Los antecedentes vandálicos suman entre otros: el ataque al auto del príncipe Carlos, luego de anunciarse un aumento en las cuotas universitarias en 2010; la protesta anticapitalista en la Catedral de St. Pauls; e, incluso la detención por 56 días de un tuittero racista que festejó en esa red el paro cardíaco del futbolista africano Fabrice Muamba.
De sancionarse estas medidas, la genealogía que hiciera Foucault en "Vigilar y Castigar? tal vez sume a las cárceles, fábricas, escuelas y hospicios, el posmoderno no-lugar de las redes sociales, efímeras, distribuidas y masivas pero controlables con acciones ejemplificadoras como aquella práctica del suplicio, en la que se ponía al infractor atado a un cepo en la plaza pública.
Por tal motivo algunos mandatarios del viejo continente, como el inglés y el español, están debatiendo en sus parlamentos reformas que los habiliten a llevar a la cárcel a quienes convoquen a través de las nuevas plataformas comunicacionales a expresarse contra los poderes fácticos.
Esta semana se conocieron dos proyectos clave en la persecución de usuarios de Internet.
El miércoles, la agencia EFE adelantó que el presidente español Mariano Rajoy (Partido Popular) instruyó a su ministro del Interior para que reforme el Código Penal, con el objeto de calificar a las protestas convocadas por Internet como "actos criminales?, identificando a los usuarios de redes sociales como una suerte de "guerrilla urbana? organizada.
Según argumentó el responsable de esa cartera, Jorge Fernández Díaz, los actos vandálicos protagonizados por colectivos "antisistema? -como el heterogéneo grupo de "indignados?- deben ser considerados "terroristas callejeros?.
"Las acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que con tal fin se concierten por cualquier medio de comunicación?, son para el ministro del Interior el foco de la reforma procesal; así como la obstaculización de accesos y otras formas de resistencia pasiva.
Por su parte, el gobierno del británico David Cameron (Partido Conservador) estudia vigilar "en tiempo real? las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, los mensajes en las redes sociales y las visitas a páginas web. El ministerio de Seguridad Interior (Home Office) sería el encargado de perseguir a los enemigos internos.
De concretarse la iniciativa, el premier podrá monitorear sin requerimiento judicial cualquier conexión y usuario que los "oficiales de inteligencia? designados para tal fin consideren peligrosos.
Así las cosas, el blanco de la iniciativa son los jóvenes desocupados de ambos países que se manifiestan por los recortes presupuestarios que afectan a Europa desde que la crisis griega contagió al resto del continente.
Vale señalar que para las autoridades, las "armas? de estas "guerrillas urbanas? suelen ser los smartphones o dispositivos móviles inteligentes que, en lugar de balas, disparan mensajes por los canales de chat de Blackberry o WhatsApp, y redes sociales como Twitter, Facebook, y otras.
Los antecedentes vandálicos suman entre otros: el ataque al auto del príncipe Carlos, luego de anunciarse un aumento en las cuotas universitarias en 2010; la protesta anticapitalista en la Catedral de St. Pauls; e, incluso la detención por 56 días de un tuittero racista que festejó en esa red el paro cardíaco del futbolista africano Fabrice Muamba.
De sancionarse estas medidas, la genealogía que hiciera Foucault en "Vigilar y Castigar? tal vez sume a las cárceles, fábricas, escuelas y hospicios, el posmoderno no-lugar de las redes sociales, efímeras, distribuidas y masivas pero controlables con acciones ejemplificadoras como aquella práctica del suplicio, en la que se ponía al infractor atado a un cepo en la plaza pública.
