Ahora bien, ¿por qué estos proyectos han generado tanta movilización en Estados Unidos y a nivel global? ¿Cuáles son los intereses que están en juego? ¿Son sólo intereses económicos de algunas corporaciones comerciales o, detrás de estas regulaciones, también están involucrados intereses políticos, derechos ciudadanos y todo un modelo de sociedad global? Lejos de ayudar a "reducir la piratería?, ¿estos proyectos podrían convertir la red en una gran máquina de censura imperceptible?
Las presiones y modelos de negocios de Hollywood siempre pisan fuerte en el Congreso de Estados Unidos. Los proyectos de Ley SOPA y PIPA representan los intereses y modelos de negocio de la Motion Piccture Asociation of America (MPAA), en el ámbito de las películas; la Recording Industry Association of America (RIAA), en el rubro de la música; las industrias de la televisión y la farmacéutica. Por supuesto, no es casual que éstas sean las principales industrias que "contribuyen? con Lamar Smith, representante de Estados Unidos y principal impulsor del proyecto SOPA.
SOPA y PIPA son iniciativas políticas que proponen medidas sesgadas, inconducentes y que están lejos de tratar adecuadamente la gestión del derecho de autor y derecho de copia en la era digital. Las corporaciones comerciales, fundaciones y asociaciones de Estados Unidos que critican los proyectos no rechazan la lucha contra la copia ilegal de obras intelectuales. Sin embargo, muchas entienden que estos proyectos son retrógrados y nacieron jurídico-políticamente defectuosos.
En concreto, se critica que SOPA y PIPA proyecten medidas domésticas administrativas / judiciales a través de las cuales se pueda bloquear y censurar a sitios web extranjeros declarados "piratas? (unilateralmente). Es decir, se podría bloquear el acceso a un sitio extranjero y censurar al público norteamericano con sólo una denuncia efectuada por un titular de derechos autorales y esta medida, a su vez, podría imponerse a ISPs, buscadores y empresas de pago y publicidad de Internet.
Los críticos denuncian que estos mecanismos podrían ser desmedidos y violatorios de la libertad de expresión. Por ejemplo, además de copias ilegales, los sitios web extranjeros también podrían gestionar obras legales. Además, los procedimientos de SOPA y PIPA serían inconstitucionales al no garantizar la defensa en juicio. El bloqueo de un sitio web extranjero en Estados Unidos es una medida extrema que requiere del debido proceso judicial donde se escuche a las partes involucradas.
Varias de las más grandes empresas de Internet enviaron una carta abierta al Congreso de Estados Unidos expresando que los procedimientos proyectados podrían requerir de un nivel de monitoreo y control sobre contenidos casi imposible de cumplir y que, independientemente de su efectividad, las empresas podrían quedar sujetas a permanente acciones administrativas / judiciales. Argumentan que estos proyectos ponen en riesgo hasta la misma industria norteamericana de Internet.
Algo queda muy claro. El cumplimiento de las "soluciones? proyectadas en SOPA y PIPA sólo podría alcanzarse a través de la instauración de un estado de inminente, denso, silencioso y ubicuo control sobre Internet por parte del gobierno estadounidense y de sus principales corporaciones comerciales. Estados Unidos pasaría a tener un sistema de control de Internet similar al de China e Irán. Pero claro, por sus redes pasaría prácticamente el tráfico mundial. ¿Legislación doméstica?
* El Dr. Ariel Vercelli es Presidente de BIENES COMUNES A. C. e Investigador del CONICET / IEC-UNQ