Las relaciones que se dan entre el derecho (leyes, regulaciones) y las nuevas tecnologías (digitales, bio-tecnologías, nano-tecnología, robóticas, inteligencias artificiales) recién comienzan a evidenciar su profundidad. Ambas instancias se articulan, se co-construyen a través del tiempo e, incluso, se orientan al control social. ¿Pueden estas relaciones también orientarse al conocimiento pleno y al ejercicio de los derechos ciudadanos? ¿Pueden fortalecer las democracias a nivel global?
Los desarrollos de las últimas décadas sobre tecnologías digitales (informáticas, software) y redes electrónicas distribuidas comienzan a favorecer cambios radicales en el conocimiento, ejercicio y gestión de los derechos ciudadanos. ¿Los ciudadanos realmente conocen sus derechos y las leyes que se les aplican? ¿Saben qué es lo que pueden o no pueden hacer? Por ejemplo, ¿conocen qué libertades de expresión tienen o qué derechos laborales los asisten?
Una de las ficciones jurídicas fundantes de la modernidad política es que el derecho se presume conocido por todos los ciudadanos. Ahora bien, ¿qué significa que los derechos o las leyes se presuman conocidos? En concreto, que los ciudadanos tienen la obligación (la carga) de saber qué les está permitido, que derechos les corresponden en un caso concreto y, sobre todo, qué se les prohíbe bajo amenaza de algún tipo de sanción.
Pero, ¿cuán importante es esta presunción? Es muy importante. Es fundante y operativa para la aplicación del derecho. A través de este presupuesto (presunción) los ciudadanos no pueden alegar desconocimiento alguno sobre la totalidad del sistema de normas jurídicas. Sin esta presunción jurídica el derecho se tornaría inaplicable. Estas presunciones conforman una enorme debilidad (histórica) de los sistemas políticos republicanos y democráticos.
¿Pueden las actuales tecnologías digitales y los desarrollos informáticos cambiar esta realidad? La respuesta es, claramente, afirmativa. En los últimos años el conocimiento pleno de las leyes y de los derechos ciudadanos está pasando de ser una mera presunción (y ficción) jurídica a ser una realidad ciudadana que impacta directamente sobre los niveles de participación política y sobre la calidad de las democracias a nivel global.
La República Argentina no está ajena a estos procesos. En setiembre de 2011 se lanzaron dos iniciativas que buscan alcanzar mayores y mejores niveles en el conocimiento y ejercicio de los derechos ciudadanos. En primer lugar se presentó el Digesto Jurídico Argentino. A los pocos días, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó el portal InfoJus, un repositorio digital que pone a disposición de los ciudadanos leyes y decretos (nacionales y provinciales), tratados y sentencias.
Ahora bien, en la era digital, además de contribuir con al conocimiento pleno de leyes y derechos, ¿es posible también desarrollar sistemas inteligentes / expertos para contribuir con el ejercicio y la gestión los derechos ciudadanos? ¿Es posible desarrollar sistemas jurídicos inteligentes / expertos que estén orientados a ayudar a los ciudadanos a saber (con mayor o menor precisión) qué es lo que pueden o no pueden hacer en determinadas situaciones?
Las capacidades jurídico-políticas fueron codificadas hace siglos y se renuevan diariamente. Hace muchos años que son "ejecutadas? (ejercidas) por cerebros humanos. Por tanto, ¿es posible que se desarrollen programas que (de/re)codifiquen este conocimiento jurídico-político, que ejecuten estas capacidades en diferentes soportes (computadoras personales, teléfonos móviles, páginas web, robots) y, sobre todo, puedan aprender y retroalimentarse con cada consulta ciudadana?
¿Cuán importante podría ser un sistema inteligente / experto que le permita a los trabajadores visitar una página web para saber cuáles son sus derechos? Entre otros puntos, simples y directos, un trabajador podría saber si le están liquidando bien su sueldo, si le corresponden más horas extras, más o menos vacaciones según su antigüedad, si terminó su período de prueba como teletrabajador, o bien, si debe proceder de tal o cual forma en caso de un accidente laboral.
Las tecnologías digitales y los sistemas inteligentes / expertos están modificando el conocimiento, el ejercicio y la gestión de los derechos. Es necesario orientar estos desarrollos tecnológicos hacia la participación política, la construcción de ciudadanías fuertes y gobiernos abiertos, de un sistema democrático que pueda discutir y gozar de la participación en las ganancias y que pueda construir un nuevo mundo a través de la distribución de las riquezas.
* El Dr. Ariel Vercelli es Presidente de BIENES COMUNES A. C. e Investigador del CONICET / IEC-UNQ
Los desarrollos de las últimas décadas sobre tecnologías digitales (informáticas, software) y redes electrónicas distribuidas comienzan a favorecer cambios radicales en el conocimiento, ejercicio y gestión de los derechos ciudadanos. ¿Los ciudadanos realmente conocen sus derechos y las leyes que se les aplican? ¿Saben qué es lo que pueden o no pueden hacer? Por ejemplo, ¿conocen qué libertades de expresión tienen o qué derechos laborales los asisten?
Una de las ficciones jurídicas fundantes de la modernidad política es que el derecho se presume conocido por todos los ciudadanos. Ahora bien, ¿qué significa que los derechos o las leyes se presuman conocidos? En concreto, que los ciudadanos tienen la obligación (la carga) de saber qué les está permitido, que derechos les corresponden en un caso concreto y, sobre todo, qué se les prohíbe bajo amenaza de algún tipo de sanción.
Pero, ¿cuán importante es esta presunción? Es muy importante. Es fundante y operativa para la aplicación del derecho. A través de este presupuesto (presunción) los ciudadanos no pueden alegar desconocimiento alguno sobre la totalidad del sistema de normas jurídicas. Sin esta presunción jurídica el derecho se tornaría inaplicable. Estas presunciones conforman una enorme debilidad (histórica) de los sistemas políticos republicanos y democráticos.
¿Pueden las actuales tecnologías digitales y los desarrollos informáticos cambiar esta realidad? La respuesta es, claramente, afirmativa. En los últimos años el conocimiento pleno de las leyes y de los derechos ciudadanos está pasando de ser una mera presunción (y ficción) jurídica a ser una realidad ciudadana que impacta directamente sobre los niveles de participación política y sobre la calidad de las democracias a nivel global.
La República Argentina no está ajena a estos procesos. En setiembre de 2011 se lanzaron dos iniciativas que buscan alcanzar mayores y mejores niveles en el conocimiento y ejercicio de los derechos ciudadanos. En primer lugar se presentó el Digesto Jurídico Argentino. A los pocos días, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó el portal InfoJus, un repositorio digital que pone a disposición de los ciudadanos leyes y decretos (nacionales y provinciales), tratados y sentencias.
Ahora bien, en la era digital, además de contribuir con al conocimiento pleno de leyes y derechos, ¿es posible también desarrollar sistemas inteligentes / expertos para contribuir con el ejercicio y la gestión los derechos ciudadanos? ¿Es posible desarrollar sistemas jurídicos inteligentes / expertos que estén orientados a ayudar a los ciudadanos a saber (con mayor o menor precisión) qué es lo que pueden o no pueden hacer en determinadas situaciones?
Las capacidades jurídico-políticas fueron codificadas hace siglos y se renuevan diariamente. Hace muchos años que son "ejecutadas? (ejercidas) por cerebros humanos. Por tanto, ¿es posible que se desarrollen programas que (de/re)codifiquen este conocimiento jurídico-político, que ejecuten estas capacidades en diferentes soportes (computadoras personales, teléfonos móviles, páginas web, robots) y, sobre todo, puedan aprender y retroalimentarse con cada consulta ciudadana?
¿Cuán importante podría ser un sistema inteligente / experto que le permita a los trabajadores visitar una página web para saber cuáles son sus derechos? Entre otros puntos, simples y directos, un trabajador podría saber si le están liquidando bien su sueldo, si le corresponden más horas extras, más o menos vacaciones según su antigüedad, si terminó su período de prueba como teletrabajador, o bien, si debe proceder de tal o cual forma en caso de un accidente laboral.
Las tecnologías digitales y los sistemas inteligentes / expertos están modificando el conocimiento, el ejercicio y la gestión de los derechos. Es necesario orientar estos desarrollos tecnológicos hacia la participación política, la construcción de ciudadanías fuertes y gobiernos abiertos, de un sistema democrático que pueda discutir y gozar de la participación en las ganancias y que pueda construir un nuevo mundo a través de la distribución de las riquezas.
* El Dr. Ariel Vercelli es Presidente de BIENES COMUNES A. C. e Investigador del CONICET / IEC-UNQ
