Creo que hay un antes y un después de los juicios. Se tardaron tantos años para llegar a este hoy en que los juicios están en marcha, tenemos condenados pero lo que no tenemos son sentencias firmes. Por eso digo siempre, no tenemos que mirar la mitad del vaso lleno sino la mitad vacía y esto significa todo lo que falta por hacer.Estamos en un escenario donde, de algún modo, nos falta ir por los grupos económicos, como el caso de Jujuy. Pero todavía hay complejidades que a futuro nos obliga a mantener la misma actitud de estado de alerta porque aún falta investigar los grupos económicos, como el caso Blaquier o el caso de Las Marías en Virasoro, Corrientes. Seguramente cuando se empieza a indagar aparecen otro tipo de imputados vinculados a las estructuras del Poder Judicial. Es decir que vamos a creer, pensar, que las dificultades no están totalmente superadas. Sí tengo claro, y sería interesante pensar a los juicios como una oportunidad histórica para cambiar el paradigma del funcionamiento del sistema judicial. Creo que esto es fundamental, pensar a los juicios desde ese lugar, cambiar los paradigmas de funcionamiento del sistema judicial. Me refiero a que esa sería la gran ganancia, el gran logro de esta política de derechos humanos de los crímenes de la dictadura como política de Estado.

Tenemos un sistema judicial con un funcionamiento que es básicamente conservador. De hecho, estas son las razones por las que tenemos tantas dificultades. Y Jujuy es un ejemplo claro: teníamos un conjuez, un secretario a cargo, que estuvo tres años sin investigar y fue denunciado por eso.La historia cambia cuando se reemplaza al juez (nota: Fernando Poviña reemplazó a Carlos Olivera Pastor), esto marca claramente que las razones por las que definí a Jujuy como capital de la impunidad, eran válidas. El otro día dije a alguien “lo lamentable de esto es que teníamos razón”. No es que queríamos tener razón, pero la realidad demostró que lo que señalábamos como patología del sistema era un diagnóstico acertado.

Cuando pensamos los juicios pensamos que debían abarcar un universo mucho más importante, no solamente en términos de cantidad de imputados, sino en cantidad de víctimas también. Esto significaba que los procesos debían permitir a la sociedad toda tomar y tener conocimiento de lo que realmente sucedió en la época de plomo.Un juicio por una víctima o un imputado no reflejaba en absoluto la realidad de aquellos tiempos. Por eso insistíamos siempre, llevábamos un proyecto de acumulación de causas como estrategia para avanzar rápidamente y evitar lo que también definíamos como “el punto final biológico”, porque los imputados se iban muriendo. Es decir había una serie de ganancias y beneficios adicionales que tenían que ver con la celeridad de los procesos que nos aseguraba que no iban a terminar con este punto final. Digamos, con una impunidad por razones naturales.Otra preocupación nuestra era evitar a los testigos tener que deambular por tribunales relatando permanentemente su propia historia con el trauma que ello implica. En la medida que menos se expongan, se disminuyen los riesgos que enfrentan cuando van a hacer este tipo de declaraciones. Que no ocurra lo que nos pasó en casos que son de público conocimiento: Julio López. Esa experiencia nos obligó a fijar estrategias para evitar que se repitiera algo así.

Desde esa perspectiva tenemos un Poder Judicial que es básicamente conservador. Hay muchos casos en los que miembros del Poder Judicial de aquella época todavía están en funciones, con otro tipo de cargos, pero en funciones. También tenemos un caso claro, un fiscal del Chaco, Roberto Mazzoni, que está preso, acusado de crímenes de lesa humanidad. O un secretario de un Juzgado que murió con un proceso en pleno trámite. Luis López, un juez de Santiago del Estero, que en este momento tiene un sobreseimiento conseguido a través de un conjuez, pero que está apelado. O el caso del ex juez Otilio Romano en Mendoza. Hay un Poder Judicial que tenía entre sus filas gente que estaba claramente vinculada a los años de plomo y a la dictadura y esto significaba un cepo para las causas. El cepo no sólo por eso, sino que la propia estructura se fue construyendo endogámicamente, es decir, con los mismos paradigmas, los mismos pensamientos.

Creo que hoy hay jueces de la democracia. Lo ideal sería empezar a construir un Poder Judicial que sea más consonante con los nuevos vientos democráticos. Creo, en este sentido, que los juicios ofrecen un escenario apropiado para marcar un punto de inflexión en la propia historia del Poder Judicial. El juicio a la ESMA, por ejemplo, es un juicio que realmente puede llegar a ser el más importante en la historia del Poder Judicial en la Argentina y probablemente del mundo. Y constituye también una fuerte interpelación al sistema judicial, lo compromete a dar una respuesta de semejante magnitud y a esto también hay que pensarlo como una oportunidad para producir los cambios.

Como juicio, es complejo. Con demasiados actores. Sobre esto tengo dos miradas: una judicial y otra histórica. La judicial es un expediente con estrategias para investigar, producir pruebas para llegar al objetivo que es la conclusión de un juicio con una sentencia que teóricamente resuelve un conflicto. La otra, la histórica, es que va a quedar registrado allí con todo lo que significa un juicio oral y público. Los tramos más dolorosos de la historia de la dictadura con lo que pasó en la ESMA y en otros lados también. Porque esto es lo fundamental, lo que significa el relato, lo que algún autor llama 'la tradición', que es cuando todavía hay memoria y no hay historia. Todavía podemos nosotros vivenciar de algún modo lo que pasó por el relato de la propia víctima. En algunos años, sólo vamos a poder saber a través de lo que leemos, no de lo que nos cuentan. Me parece que esto también es importante, poder mirar al juicio desde su rol en la propia  reconstrucción histórica.  El otro megajuicio es La Perla.

Creo que somos un ejemplo para el mundo porque hemos podido juzgar los crímenes del terrorismo de Estado con nuestras propias estructuras judiciales, nuestro propio contexto normativo, no apelamos a ninguna legislación ni a tribunales especiales. Lo hicimos con el Poder Judicial que tenemos y con las leyes vigentes. El contexto jurídico no tiene nada de especial, es el mismo con el que se viene juzgando otro tipo de delitos. Es el mismo con el que se juzga una tenencia de estupefacientes. En ese sentido somos un ejemplo. Por otro lado, hemos podido consolidar el fenómeno más importante que se da en la Argentina, que es la vigencia de la memoria colectiva. Que hayamos podido hacer los juicios marca claramente que en la agenda social está vigente el trauma del conflicto de los años de plomo. Y esto más allá de la voluntad política de Néstor Kirchner, que en el 2003 no hizo otra cosa que dar respuesta, desde el lugar adecuado, al clamor de la sociedad. De ahí nace el proyecto de la nulidad de las leyes de impunidad.

Cuando hiciste la pregunta "¿dónde estamos?" dije que es mucho lo que falta y hablé de dificultades que no desaparecieron y  queda un sólo camino, que es el de continuar con el mismo esfuerzo, con la misma preocupación, con todos los sensores activados para que estos juicios, realmente continúen y concluyan. Hasta que no tengamos sentencias firmes, y ese es el cometido al que tenemos que asumir como supremo, no se puede parar. Este esfuerzo que hacemos no tiene lugar ni hay perspectivas que  funcione en piloto automático. Necesitamos continuar con el mismo compromiso, para que los juicios terminen, porque las dificultades no desaparecieron. De hecho todos los días tenemos problemas: la propia estructura del Poder Judicial, las recusaciones, juicios que se demoran. La celeridad que nosotros pretendemos todavía no está instalada en los términos que nosotros queremos.

Los primeros juicios fueron por la verdad, que era nada mas que una especie de sanción moral a los responsables, no había imputados, era una reconstrucción histórica de los hechos. Después vino el planteo de inconstitucionalidad de las leyes con una causa señera, la causa Simón y después de eso aparece la ley que nulifica las de impunidad de punto final y obediencia debida. A partir de ahí, se podía pensar que, en términos jurídicos, no teníamos más dificultades. Pero te digo que el mayor cepo de impunidad no estaba ahí sino en el Poder Judicial. Lo que significó avanzar en Mendoza, hasta que la Cámara dejó de tener ese protagonismo que tenía y era una máquina de impedir. Lo mismo nos pasó en Córdoba, en Santiago del Estero, donde una causa estuvo paralizada un año porque el expediente fue apelado en la etapa de instrucción, traspapelado en la Cámara de Casación Penal. Ese tipo de cuestiones, que eran realmente las estrategias con las que el mismo Poder Judicial se encargaba de generar el nuevo cepo de impunidad de  las causas.

Nosotros propusimos entonces la acumulación de las causas para  evitar la impunidad con la concentración de las investigaciones. Nos costó implementar algo tan elemental que está en el Código Procesal. Un ejemplo claro  es que la Cámara de Casación Penal hace unos meses  tuvo que dictar, para interpretar en sus justos términos y en su recta inteligencia, normas que eran  tergiversadas, malversadas si se quiere...

Seguir trabajando como lo estamos haciendo, que las causas continúen con su trámite normal. En el caso Blaquier, un caso emblemático, pedimos su indagatoria el año pasado, y seis meses después sale la resolución del juez (nota: ya destituido) negándola.

La Comisión Interpoderes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), creada para hacer su propio control sobre el estado de las causas. Es decir el fenómeno de la impunidad era mirado no sólo por nosotros, sino por otras agencias. No es una cuestión menor que tengamos en la Procuración General de la Nación una unidad como la nuestra. Y la propia Cámara de Casación está haciendo un seguimiento  con esto de las reglas prácticas.

Sí, desde luego. Por eso se dictaron las reglas prácticas como parte de un fenómeno de impunidad. Porque la impunidad no es algo que alguien decide no avanzar en tal o cual juicio. Es un tema mucho más complejo. A veces los propios operadores del sistema son los que generan determinados mecanismos, algunos sofisticados, para paralizar las causas.

Atomizar las causas, es una manera de impedir el avance. El CELS hizo un estudio sobre esto. Al ritmo que veníamos, podíamos llegar a terminar con estos juicios en el 2040. Estamos hablando de un escenario donde ya no viven testigos ni imputados. Esto es lo que nosotros llamamos el punto final biológico. Es decir, no agravemos más la situación que ya de por sí es grave. Por eso cuando dije lo de Jujuy, el daño que produjo el juez, ya es irreparable, el tiempo no vuelve atrás, la viuda de Ricardo Aredez, Olga Marquez, se murió. El tema es cómo romper ese cepo. Eso obliga también a buscar estrategias para no caer en la trampa de los mecanismos perversos con los que el sistema se encarga de impedir el avance de las causas. Este es el escenario que nos toca vivir por estos tiempos. Pienso que vamos a tener, en su momento, un beneficio colateral, los juicios van a producir un antes y un después. Creo que acá hay una reivindicación de la propia sociedad argentina a partir del ejercicio formidable de memoria colectiva  y la sensación que los crímenes de la dictadura fueron investigados y oportunamente castigados. La sensación de que el sistema judicial, mejor dicho que la sociedad, consiguió, por lo menos en parte, algo de lo que reclamaba.

Es cierto que este gobierno instaló la investigación de las violaciones a los DDHH durante el terrorismo de Estado como política de Estado, esto es innegable y no se puede discutir. Creo que si no se terminaran los juicios,  de todas maneras, no hay ninguna posibilidad de volver atrás. Creo que el cambio, sin duda, algún efecto puede tener  en el escenario de los juicios, en cuanto a un cambio de agenda política de un gobierno entrante. Esto es posible, pero en el trazo grueso no hay vuelta atrás.